La derecha pone cerco al estado social europeo hacia la nueva esclavitud

La Comisión Europea, presidida por el portugués José Manuel Durao Barroso, aprobaba el pasado 10 de junio una reforma de la actual Directiva sobre la Ordenación de los Tiempos de Trabajo. Si, finalmente resulta aceptada por el Parlamento Europeo, la jornada semanal máxima pasará de 48 a 65 horas en la UE, representando un enorme retroceso en materia laboral –la resolución de la Organización Internacional del Trabajo por la que se establece el tope de 48 horas data de 1917-, al que ya han anunciado que se van a oponer con todas su fuerzas la Confederación Sindical Internacional -que agrupa a sindicatos de más de 100 países, 300 centrales y 170 millones de afiliados (lo que la convierte en la mayor organización del planeta)-, los grupos de izquierda de la Cámara de Estrasburgo, los gobiernos de Bélgica, Chipre, España, Grecia y Hungría, así como numerosas ONG.

Entre quienes han mostrado su discrepancia con esta pretensión de la actual Comisión Europea se encuentra el Partido Popular español que, pese a que en un principio acusaba de alarmismo al Ejecutivo español, finalmente suscribía el pasado mes de septiembre una moción en el Congreso de los Diputados que rechazaba esta modificación de la directiva europea por unanimidad, y asumía los postulados de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Guy Ryder

Ryder hacía referencia a la denominada Jornada Mundial por un Trabajo Decente , que teína lugar el pasado 7 de octubre con miles de actos de diversa índole celebrados por todo el planeta, y que tenían su origen en el deterioro de las relaciones laborales a escala universal, en buena medida provocado por la crisis global financiera y del propio sistema capitalista.

También constituía una primera respuesta a la decisión de la Comisión Europea, a cuya cabeza se encuentra el derechista portugués José Manuel Durao Barroso, de aprobar una modificación de la Directiva comunitaria sobre la Ordenación de los Tiempos de Trabajo que, entre otras medidas contrarias a los intereses de los trabajadores, amplía el tiempo máximo de trabajo semanal en el territorio de la UE de las actuales 48 a las 65 horas, lo que ha sido considerado como un gigantesco retroceso por todas las organizaciones sindicales de las naciones concernidas, así como por organizaciones no gubernamentales y la totalidad de los partidos de izquierda.

Durao Barroso

“Los trabajadores y trabajadoras están exasperados ante las políticas que han propiciado el enriquecimiento excesivo de una pequeña minoría que se ha beneficiado de la escasa o inexistente reglamentación de los mercados financieros, mientras que los que fabrican los productos y prestan los servicios en la economía real han ido asistiendo al estancamiento o la caída de sus salarios. En 2006, el Congreso fundacional de la CSI instó a que se proclamara esta Jornada mundial de acción para exigir la transformación fundamental de la globalización y el fin de las políticas del neoliberalismo de libre mercado que nos han llevado al borde de una recesión mundial que podría tener repercusiones catastróficas. Éste es el momento para el cambio”, aseguraba Guy Ryder en los momentos previos a la primera movilización de carácter universal y coordinada entre una mayoría de los sindicatos del mundo y numerosas organizaciones y partidos de todo el Orbe.

Lo cierto es que, dada la complejidad de la tarea y de lo ambicioso de la propuesta, la jornada del 7 de octubre se saldaba con un notable éxito de convocatoria para los organizadores. Los objetivos declarados de este día de lucha eran tres.

En primer lugar, la generalización del trabajo decente, concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999, y que se refiere a un trabajo desempeñado en un marco político y laboral en donde se respetan los principios y derechos fundamentales del trabajo que estableció la OIT en su Declaración de 1998; y un trabajo por el que se perciba un salario que permita al trabajador y su familia vivir con dignidad y con acceso a unas prestaciones sociales básicas.

Los derechos y principios de la Declaración de 1998 son los fundamentos mínimos e irrenunciables del derecho laboral internacional: libertad de asociación sindical, derecho de huelga y de negociación colectiva, prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso y de la discriminación laboral en razón del sexo, la raza o cualquier otra característica del ser humano. En España, este objetivo se concreta en la exigencia de reducción de la siniestralidad laboral y el trabajo precario y de eliminación del trabajo no declarado, donde se concentran los mayores niveles de sobreexplotación.

La segunda exigencia es que los gobiernos y las instituciones internacionales adopten las medidas necesarias para que se alcancen, en 2015, los Objetivos del Milenio definidos por la ONU para la reducción de la pobreza en el mundo, y que los organizadores denuncian por su incumplimiento sistemático.

Oviedo

En su comunicado hacen una referencia expresa a nuestro país, congratulándose de la reciente moción parlamentaria, aprobada por unanimidad en el congreso de los Diputados, en la que se rechaza el proyecto de nueva directiva comunitaria. Y se avisa de la intención de poner en marcha una acción internacional coordinada de largo recorrido cuando aseguran que “el movimiento sindical quiere iniciar un nuevo camino de acción de ámbito mundial presidido por la voluntad de construir un nuevo internacionalismo solidario”.

En el comunicado de convocatoria de la jornada del 7 de octubre difundido en España, y firmado por Guy Ryder y los secretarios generales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores , José María Hidalgo y Cándido Méndez, respectivamente, los sindicalistas lanzan una severa advertencia: “Hay señales que permiten pensar en una crisis de modelo, de un modelo basado en el predominio absoluto del mercado, sin gobierno mundial y con escasas reglas para la economía y el trabajo, y con el capital financiero especulativo y las empresas multinacionales como principales e incontrolados sujetos de la economía. (…) Los sindicatos les recordamos lo que venimos reclamando desde hace décadas: un gobierno democrático de la globalización que lleve a una sociedad mundial con normas y derechos universalmente reconocidos. Entre ellos, destacadamente, los derechos laborales y sociales que definen el Trabajo Decente”.

Islas Fidji

En Japón tenía lugar una concentración nacional en Tokio, con más de 2.000 participantes y una posterior manifestación. En la Federación Rusa se habían programado diversas actividades desde Moscú hasta Kamchatka. En Moscú se repartía información en 72 estaciones de metro y una concentración en el muelle T. Shevchenko, al que habrán llegado tres barcos con pancartas sobre la Jornada Mundial por un Trabajo Decente. En Hong Kong se desarrollaban varias manifestaciones por el Trabajo Decente y el salario mínimo interprofesional. En India se sucedían también numerosas actividades y manifestaciones a nivel nacional, desde Nueva Delhi hasta Mumbai.

En Estados Unidos, la central AFL-CIO organizado a todos sus miembros para participar en la jornada, y movilizaba a un millón de personas en todo el país. En Nueva York se realizaba un acto con la participación de la ex Presidenta de Irlanda y Alta Comisaria de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson.

Bogotá

En Sudáfrica, el sindicato UNI ha lanzado una página web en la que promovía la Jornada Mundial por un Trabajo Decente. En Malawi, las acciones se centraron más en la cuestión del VIH en los lugares de trabajo, un tema fundamental en el continente africano. En Mauritania, las tres centrales sindicales organizaron diversas actividades, entre las que destacó una gran marcha a Nouakchott, en un momento político especialmente difícil en el país. En Chad se organizó una conferencia debate, mientras que en  Túnez tenía lugar una conferencia nacional tripartita para sensibilizar sobre el tema del Trabajo Decente.

París

En Italia, la CGIL, la CISL y la UIL coordinaban una conferencia internacional sobre el “derecho a trabajar, la solidaridad y la igualdad de derechos en una nueva globalización” en Asís, con la participación de dirigentes sindicales de diversos países.

En el Reino Unido el TUC capitaneó un día de actividades en la Congress House de Londres. Fue una de las concentraciones más grandes en torno a temas laborales que jamás haya tenido lugar en el Reino Unido; más de 50 talleres, películas, exposiciones y puestos de sindicatos, organizaciones para el desarrollo, organizaciones de comercio justo e instituciones académicas.

En Alemania, la DGB desarrollaba más de 25 eventos públicos. Uno de los temas principales fue el salario mínimo interprofesional, que no existe en Alemania. La IG Metall se concentraba en Hannover. En Berlín coincidían tres actos distintos.

En España se producían diversas concentraciones por todo el país. Las principales en Madrid, aunque Comisiones Obreras y UGT , de una parte, y USO , por otra, las celebraban en diferentes lugares.

Los cambios de los ‘Durao Boys’

Para los partidos de izquierda, para el conjunto de los sindicatos, diversas ONG, y hasta para el mismísimo PP, la modificación de la Directiva comunitaria sobre Ordenación del Tiempo del Tiempo de Trabajo supone una regresión contra los trabajadores de las relaciones laborales. Los principales puntos de la propuesta son los siguientes:

- Introduce la llamada cláusula opt-out (propuesta efectuada por Reino Unido, ya en vigor). Consiste en un acuerdo privado por el cual empresario y trabajador pueden firmar un incremento de la jornada laboral. Esta cláusula podría aplicarse una semana después de haberse firmado el contrato laboral. Es una medida que profundiza la precarización del empleo, porque se coloca con un rango superior al de la negociación colectiva, recogida como un derecho básico en la legislación de muchos países comunitarios, entre otros, en la Constitución Española.

De este modo fomenta la individualización de las relaciones laborales, al permitir que el empresario imponga a cada trabajador de forma individual su tiempo de trabajo mediante la aplicación de las cláusulas opt-out (option-out, literalmente, la “opción de salirse fuera”).

La aprobación de esta directiva abriría, a criterio de muchos expertos en relaciones laborales, la puerta al “dumping social”, sentando un precedente que puede extenderse a otros campos al margen de la propia jornada laboral, como los salarios o las condiciones de seguridad e higiene laboral.

- Incremento de la jornada laboral a 60 horas y 65 ó 78 horas semanales para los colectivos denominados on-call (servicios médicos y de emergencia, etc. Este concepto no está definido a nivel europeo, por lo que cada país cuenta o no en este momento con una enumeración o definición de los sectores on-call).

- La nueva propuesta establece mantener la jornada de 48 semanales, pero modificando el periodo de referencia para su cómputo. La propuesta de la Comisión retira las salvaguardas que existían y fija un período de cómputo de 12 meses. De esta forma, la jornada no sería de 48 semanales, sino que esto sería la media anual por semanas, permitiendo a las empresas imponer jornadas mucho más amplias a los trabajadores y turnos irregulares. Cuanto mayor es el período, mayor es el riesgo de que los trabajadores se vean sometidos a jornadas laborales abusivas.

- El incremento de la jornada laboral mediante cláusulas opt-out permitiría alcanzar las 60 horas semanales, para cualquier sector laboral, y prevé para los colectivos on-call la posibilidad de ampliar su jornada laboral hasta las 65 horas, mediante acuerdo privado; e incluso hasta 78 horas semanales cuando así lo recoja un convenio colectivo. Esta fórmula permitiría legitimar un incremento efectivo de la jornada laboral de hasta las 78 horas semanales, prácticamente el doble de lo actualmente permitido.

- Se redefine el concepto de “tiempo de trabajo”; la actual directiva considera “tiempo de trabajo” “todo periodo durante el cual el trabajador pertenezca en el puesto de trabajo a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales”. La nueva directiva no considera “tiempo de trabajo” los períodos que, aún permaneciendo en el lugar de trabajo o estando requeridos no se esté realizando una función efectiva. El ejemplo más claro son las guardias médicas.

Esta medida afecta a múltiples elementos de la relación laboral como la protección social, puesto  que cualquier accidente durante estos períodos no estaría protegido como accidente laboral. Los sindicatos médicos europeos ya han advertido de que irán a la huelga en toda la UE si la modificación les es aplicada.