La larga lucha por la reducción de jornada

La reforma de la Directiva Europea de Ordenación del Tiempo del Trabajo camina en dirección diametralmente opuesta al signo de la historia hasta nuestros días, ya que, desde finales del siglo XIX, las reivindicaciones del movimiento obrero y una dura lucha de décadas habían ido consiguiendo una paulatina reducción de la jornada laboral en las legislaciones de los diversos países, pero muy especialmente en los del denominado Primer Mundo, con especial incidencia en Europa, donde, en algunos países, como Francia, se había llegado a conseguir que el periodo de trabajo semanal quedase establecido en 35 horas.

Un largo y duro camino que comenzaba, paradójicamente, con las grandes movilizaciones sindicales en Estados Unidos en la penúltima década del siglo XIX. En una época de gran convulsión y numerosas huelgas que eran combatidas con total violencia por el Estado y los pistoleros a sueldo de los patronos, el 1º de Mayo de 1886 los trabajadores de las ciudades industrializadas de Estados Unidos iniciaban una huelga general en la que la principal reivindicación era la jornada de 8 horas, siguiendo la convocatoria de la Federación Norteamericana del Trabajo.

Pararon más de 5.000 fábricas y 340.000 obreros salieron a la calle en diferentes manifestaciones. La consigan era: “Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de ocio”. En aquellos momentos las jornadas diarias en los centros fabriles se extendían entre las 12 y las 18 horas, seis días a la semana.

En la industrial ciudad de Chicago, los dueños de las fábricas ejercían una explotación casi sin límites y también empleaban la represión más salvaje como método de contención de las reivindicaciones y de las huelgas y movilizaciones obreras, siempre apoyados por la policía, y en el caso de esta población, por los pistoleros a sueldo de la agencia de los Hermanos Pinkerton y, en numerosas ocasiones, por miembros de la mafia. El periódico Chicago Tribune llamaba a la represión: “El plomo es la mejor alimentación para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados la única solución”.

La Huelga en Chicago, con un movimiento obrero especialmente sensibilizado y organizado por anarquistas y socialistas, continuó en los días siguientes. El 2 de Mayo la policía disolvía violentamente una concentración de 50.000 trabajadores. El 3 los disparos de las fuerzas del orden mataban a seis trabajadores y herían a varias decenas. El 4 de mayo, cuando disolvían un mitin al que asistían 15.000 personas, una bomba mataba a 7 policías.

Como consecuencia, la represión de la policía y los pistoleros de la patronal se cobró la vida de 36 obreros y 115 heridos. Se decretó el estado de sitio, se detuvieron a más de 300 trabajadores, entre ellos los 8 dirigentes anarquistas y socialistas que serían acusados, sin pruebas y con falsos testimonios preparados por la agencia Pinkerton, del asesinato de los policías. Todos ellos se declararon inocentes pero cinco de ellos fueron condenados a la pena de muerte y los otros tres a cadena perpetua. Cuatro años después se reabría el caso y se demostraba la inocencia de quienes han sido conocidos en la historia como “los Mártires de Chicago”.

El Primer Congreso de la Internacional Socialista, en 1889 decidió convertir el 1º de Mayo en el “Día mundial de la clase obrera”.

En 1917, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) aprobaba una resolución por la que el tiempo máximo de la jornada laboral semanal quedaba establecido en 48 horas –exactamente igual que la actual directiva de Ordenamiento del Tiempo de Trabajo de la UE, 91 años después-. Era la culminación de una larga serie de luchas obreras en diversos Estados, que había costado miles de vidas, y que pretendía poner fin a la penosidad de las condiciones laborales heredada de la Revolución Industrial.

Una norma que aún a día de hoy no se aplica en un buen número de países, especialmente los que se encuentran en vías de desarrollo, pero que sí ha formado parte de la tradición de todo el Derecho Laboral en Europa y que fue adoptada, desde el principio del proceso de formación de las Comunidades Europeas y de los sucesivas designaciones con que ha sido conocida la actual UE.

La batalla de Alejandro Cercas

Han pasado más de tres años (mayo de 2005) desde que el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas consiguiera una victoria, al menos, momentánea, ante las pretensiones de la Comisión Europea de modificar la Directiva Europea sobre la Ordenación del Tiempo del Trabajo, en términos casi idénticos a los que ahora acaba de volver a presentar este órgano comunitario, integrado por los comisarios (uno por Estado) a propuesta de cada país y designado por el presidente, en este caso, el portugués José Manuel Durao Barroso.

En aquel momento, Cercas recibía el encargo de realizar un informe exhaustivo acerca de la modificación de la directiva vigente –la 2003/88-, en los términos que había acordado la Comisión. Tal y como ha descrito el propio eurodiputado en las páginas del número 76 de Iniciativa Socialista, la cuestión encerraba (y encierra) una enorme relevancia, porque “implicaba una definición sustancial sobre el futuro del modelo social europeo y sobre la existencia misma de la Europa social”.

Pese a las múltiples presiones en aquel momento (mayo de 2005), Alejandro Cercas conseguía que el pleno del Parlamento Europeo aprobase su informe y, con ello, echaba por tierra las pretensiones del equipo de Durao Barroso. La complejidad burocrática de la UE, que ante una negativa del Parlamento a una propuesta de la Comisión, obliga a que se den una serie de pasos en busca de un nuevo acuerdo de consenso, y a la cumplimentación de determinados procedimientos, la nueva propuesta de la Comisión Europea en materia de jornada laboral se ha retrasado algo más de tres años, pero conserva intactos los perfiles que ya se pretendían en 2005.

La directiva de 2003, y la precedente, de 1993, establecían una jornada laboral máxima de 48 horas semanales, con una excepción –la cláusula opt-out, introducida a exigencia del Reino Unido, en 1993-, por la que estos tiempos podrían ser excedidos en caso de acuerdo entre patrono y trabajador. Para Alejandro Cercas, “tal cláusula se introdujo, muy hábilmente, con carácter temporal, toda vez que a los 10 años había que revisarla a la luz de la experiencia en dicho periodo. Pasados esos 10 años, el Parlamento dispone de evidencias que muestran las consecuencias desastrosas del uso masivo de esta cláusula en el Reino Unido, en donde cinco millones de trabajadores realizan más de 48 horas semanales, todas las semanas del año”.

El eurodiputado español ya argumentaba durante aquel intento de modificación de la directiva que, caso de aprobarse “se abrirá irremediablemente un camino para la competencia desleal entre los países, fragmentando el mercado de trabajo y creando en el corazón de Europa un conjunto de prácticas laborales hasta ahora sólo vigentes más allá del Atlántico o en el Pacífico. En suma, la cláusula opt-out es el caballo de Troya ‘chino’ en el corazón del modelo social europeo. Sin exageración, bien se puede decir que aceptar tal principio es tanto como aceptar que las normas sociales son voluntarias (es decir, que no son normas) y que la Europa Social es sólo un adorno retórico sin virtualidad en el mercado único”.

El informe de Alejandro Cercas –y, por tanto, la derrota de la propuesta de la Comisión- era aprobado por una mayoría del Parlamento Europeo compuesta por el Grupo Socialista, La Izquierda Unitaria, los Verdes e importantes minorías de liberales y conservadores.

Con visión de futuro, o como buen conocedor de que el proceso no habría de detenerse por esa derrota momentánea, ya en el verano de 2005, el eurodiputado socialista avisaba de que “lo que se ha abierto en Europa es un debate importantísimo, por el fondo y porque, por primera vez, algunos estamos empeñados en que no se decida el futuro de la Europa Social en los pasillos del Consejo, entre funcionarios y diplomáticos, sino con luz y taquígrafos, ante los ciudadanos y los trabajadores de Europa y ante sus organizaciones”.

Cercas iba más lejos y, sabedor de que la mayoría conservadora del Consejo volvería a la carga tan pronto como los plazos se lo hicieran posible, ya instaba hace tres años a “comentar esta batalla y este combate a conocidos y amigos; en los partidos, en los sindicatos… para que sepan que algo muy importante está pasando en Bruselas y que es fundamental actuar cada uno en su espacio social, porque el modelo social europeo es demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los funcionarios y los diplomáticos”.

Ahora, nuevamente, la pelota está en el tejado del Parlamento Europeo.